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Nuestra realidad política y económica, hasta en sus aspectos más íntimos e insospechados, se construye a diario a través de nuestra interacción con todo tipo de contenidos en los medios de comunicación. El poder que ejercen los creadores de opinión e información es real y eso convierte a los medios en un objetivo estratégico para muchas empresas e “inversores” ajenos al periodismo.

La aparición de las redes y comunidades digitales ha introducido variantes y dimensiones muy interesantes, ya que la producción de contenidos se descentraliza y agrupa en torno a diferentes ejes y principios, alterando nuestras concepciones sobre poder y medios.

Por eso, para hablar de regulación de medios de comunicación, no sólo hay que abordar cuestiones de concentración oligopólica y derechos profesionales, sino también de acceso y relevancia digital de contenidos. Por poner un ejemplo: ¿cómo funciona el algoritmo que Facebook usa para decidir qué publicaciones de nuestros amigos nos aparecen y cuáles no? ¿Introduce Facebook un sesgo que limita el alcance de la crítica política en su plataforma? Este quizás sea tema para otro artículo.

Vayamos al asunto que nos concierne: el de los medios convencionales.

En toda relación laboral y profesional se produce algún tipo de tensión, a veces muy dramática, entre los intereses del propietario/empleador y los de los distintos profesionales que participan en los procesos productivos.

Este es el punto de partida de mi reflexión: ¿Cómo resolver ese conflicto cotidiano entre lo que el director de una cadena de televisión o periódico decide que aparezca en las noticias, siguiendo las instrucciones, preferencias o “consejos” de los dueños, y lo que los periodistas quisieran haber podido reportar? En la mayoría de casos existe una relación pacífica en la que la autocensura del periodista y la acomodación mutua entre los distintos eslabones de la cadena editorial actúan de bálsamo. El que decide trabajar a La Razón, por poner un ejemplo, ya sabe dónde se mete.

Sin embargo, este tipo de relación jerárquica basada en la superioridad del propietario es perniciosa. Los titulares del derecho a informar y de la libertad de expresión no son, en el ámbito periodístico, los dueños de los medios. El papel del periodista y del editor no puede quedar reducido al de muñeco del ventrílocuo magnate. La pluralidad informativa no se alcanza ofreciéndole al público una variedad de marcas entre las que elegir, como sucede en el mercado de los refrescos de cola o en el de las cadenas de hamburguesas, y sugiriendo eso de “si no le gusta, cambie de canal”

Por ello a me gustaría abrir, en primer lugar, un debate sobre medios privados en torno a dos temas:

1. ¿Cómo establecer garantías especiales en la relación laboral que permitan al trabajador periodista sentirse con la autonomía suficiente como para negarse a lo que, a su propio juicio, suponga una vulneración de los principios de veracidad y relevancia que rigen su trabajo?

Este tipo de garantías son especialmente difíciles de articular legalmente de forma efectiva dado que muchos periodistas trabajan produciendo crónicas por las que se les paga en régimen de arrendamiento de servicios. Otros tienen contratos temporales. Hay también muchos trabajadores disfrazados de becarios contra su voluntad. Existe además mucha su contratación de programas y mucha dependencia de agencias. La precariedad campa a sus anchas.

Aun así, es perfectamente factible introducir un blindaje especial de la protección laboral de muchos de los trabajadores de los grandes grupos de comunicación privados y públicos. El modelo de contrato se puede establecer como requisito obligatorio en toda empresa que sea concesionaria de cualquier licencia de ocupación de espacio radiofónico o televisivo. El papel de los sindicatos y organizaciones profesionales sería fundamental en el debate, definición, implementación y revisión de estas medidas legislativas.

2. ¿Cómo conseguir que las líneas editoriales respondan a criterios profesionales, a la orientación del medio y a su relación con la audiencia y no a los caprichos de los propietarios? En este caso la solución es la transparencia total, la democracia y la colegialidad.

Para empezar, las directrices editoriales sobre el tratamiento informativo de temas y eventos dentro de un medio o una sección de un medio deben ser comunicadas por escrito y deben ser consensuadas por un comité editorial profesional interno que de forma colegiada comparta las responsabilidades editoriales.

Esas directrices editoriales pueden ser renovadas con la periodicidad que se requiera. Para temas que se cubren con regularidad y que hasta cierto punto sean previsibles, no hará falta cambiar las directrices a menudo. Para otro tipo de asuntos, por ejemplo una catástrofe o un ataque terrorista, el comité editorial tendrá que mantenerse reunido permanentemente e ir acordando las directrices que procedan según se desarrollen los acontecimientos.

Lo importante de estas directrices es que 1) deben ser comunicadas, en sus puntos básicos, siempre por escrito, para que haya constancia, y 2) definirán, con valor contractual, el marco de autonomía profesional del periodista ante cada noticia.

De ese modo las directrices no sólo se convierten en una herramienta de disuasión ante los abusos editoriales sino en un elemento clave en el mecanismo de protección laboral del periodista. En pocas palabras: el periodista que respeta esas directrices no puede ser sancionado ni despedido por incumplimiento de contrato.

Obviamente, si estas medidas legislativas se pusieran en marcha los medios de comunicación privados dejarían de ser un sector atractivo a los que invierten en ellos con el fin de obtener ventajas políticas y económicas a cambio de favores mediáticos a los políticos u a otras empresas. Es muy posible que algunos accionistas pusieran en venta sus participaciones el día que se anunciaran estas medidas. Respuesta: A enemigo que huye, puente de plata. Esto nos ahorraría muchos esfuerzos regulatorios en materia de concentración empresarial.

¿Qué consecuencias tendría la salida del capital de magnates e inversores ajenos a los medios del sector privado? Los ERE volarían en algunos medios.

Y es ahí donde entran en juego los medios públicos y los autogestionados como empleadores alternativos para muchos de estos trabajadores.

Necesitamos unos medios públicos que sean ejemplo de transparencia y profesionalidad y que estén preparados para hacer frente a los retos educativos, cívicos y comunicativos de la sociedad digital. En este sentido la BBC (antes de que el gobierno de David Cameron empezara a amenazar a sus directivos y empleados con un cambio en la fórmula de financiación) es un ejemplo a tener en cuenta en algunos aspectos.

Los objetivos de esta nueva red de medios serían:

1. ofrecer información profesional, honesta y  atractiva;
2. la producción de contenidos de alta calidad para escuelas, universidades, empresas y público en general;
3. la articulación del debate y la participación ciudadana en torno a asuntos de interés público;
4. convertirse en un medio de calidad respetado internacionalmente que atraiga audiencias globales;
5. liderar la innovación en tecnologías educativas y de la comunicación.

Por supuesto, para poner en marcha este gran proyecto harían falta más profesionales, algunos de los cuales provendrían de medios privados en quiebra, y también fuentes de financiación variadas, incluyendo venta de programas y servicios al sector privado y a otras cadenas del mundo.

Este medio público, o red de medios, tendría los siguientes principios constitucionales:

1. la vocación de servicio público;
2. la transparencia en la toma de decisiones editoriales;
3. la colegialidad y democracia interna
4. y el respeto a la autonomía profesional y los derechos laborales de los trabajadores de la información.

En en cuanto a su gobernanza, los consejos rectores tendrían una composición lo suficientemente diversa como para impedir la manipulación política del gobierno de turno. Se crearían mecanismos para permitir la participación de los ciudadanos, los sindicatos y las organizaciones profesionales en la toma de decisiones.

Además de medios públicos robustos y eficaces también necesitamos más medios privados en los que los protagonistas sean sus profesionales, por supuesto. El Estado debe facilitar y apoyar la creación de cooperativas de trabajadores de la información que asuman la gestión de medios que vayan a ser abandonados por sus propietarios. Estas cooperativas también pueden jugar un papel importante prestando servicios especializados a los medios públicos. Hay otros modelos muy interesantes, como el de el Diario.com, que merecen ser considerados. El Diario.com es una empresa privada con accionistas que son periodistas que tiene socios, lectores, que apoyan el medio.

Y en cuanto a la concentración de medios en manos de pocos propietarios, una breve observación: me preocupa mucho y hay que regularla, pero es posible que la regulación por sí sola no resuelva el problema de la manipulación interesada de la información. De hecho, la manipulación descarada se da tanto en los medios grandes como en las pequeñas empresas que disfrutan licencias concedidas por las Comunidades Autónomas, o en los pequeños medios digitales “independientes” y cavernarios.

Creo que si se aborda primero el estatus profesional del periodismo y su democratización en un entorno laboral, y esto provoca una reestructuración del sector de medios privados, la solución regulatoria para el tema de la propiedad será mucho menos complicada legislativamente y por tanto estará menos abierta al fraude y será más fácil de administrar.

Las ciber-utopías de un mundo mucho más libre e interconectado están cada vez más cerca. Los poderes públicos deben garantizar que las herramientas y plataformas comunicativas que permiten avanzar hacia un mundo mejor, más colaborativo y justo, están al servicio del pueblo, de la comunidad global, no al servicio de los de oscuras corporaciones privadas y magnates.